Denuncian adjudicación de línea de transmisión en La Guajira por el triple de su precio
“Lo que debió costar 177 mil millones de pesos se adjudicio por 403 mil millones”.
La Fundación Protransparencia cuestionó este martes el valor por el que se adjudicó por parte del Gobierno Nacional la construcción de una línea a 110 kilovatios entre Cuestecita-Riohacha-Maicao en el departamento de La Guajira.
En un comunicado de prensa, Protransparencia expresa “sorpresa e indignación”, por la adjudicación que se hizo el pasado viernes 9 de septiembre.
Sostiene Protransparencia que lo que se adjudicó por 403 mil millones de pesos, según consultas que se realizaron con expertos y acorde con “costos de referencia del mismo Gobierno”, debió costar 177 mil millones de pesos.
Cuestiona también Protransparencia que “lo más grave es que la línea, que se pagará por 25 años, representa el pago de unos $ 50 mil millones anuales, que se cargarán a la tarifa de los usuarios de la Costa Caribe por tratarse de un proyecto correspondiente al Sistema de Transmisión Regional (STR) que forma parte del Plan5Caribe”.
La adjudicación la hizo la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), adscrita al Ministerio de Minas y Energía. El ganador fue el Consorcio Electrinorte, representado por Arturo Serna Henao, y conformado por Morelco SAS, Consultores Unidos S.A., DV Ingeniería SAS y Enterprise Managment Services SAS.
Protransparencia añade que “revisados con cuidado los precios de los materiales, obras y demás factores de ponderación de la CREG para una línea como la contratada” se concluyó “que se pagara el precio más alto del metro cuadrado en el área del recorrido de la línea”. En concepto de esa entidad, “la línea transmisora, de 110 mil voltios, pasa por territorio público, luego los costos se reducen. Además están los criterios de oportunidad por la situación especial de ese departamento”.
Finalmente se señala que “es inadmisible que el Gobierno Nacional, que predica en su Plan de Desarrollo que su objetivo es acabar con la miseria y reducir la pobreza en el Caribe, lo que hace es imponerle cargas adicionales y sin justificación a una tarifa eléctrica de por si gravosa y con un mercado con serios problemas ya reconocidos para el sostenimiento de la oferta energética”.